En el marco de la legislación chilena, la Ley N.º 21.275 introduce un mandato crucial para aquellas empresas que se encuentran bajo la regulación de la Ley N.º 21.015. Esta última ley aplica a todas las organizaciones que cuentan con 100 o más trabajadores, imponiendo una serie de obligaciones que buscan fomentar la inclusión laboral de personas con discapacidad. Específicamente, la Ley N.º 21.275 establece la necesidad de designar un profesional especializado en inclusión laboral dentro de estas empresas, una medida que pretende asegurar que las políticas de inclusión no solo existan, sino que sean gestionadas y aplicadas de manera efectiva.
Rol del Profesional Especializado en Inclusión Laboral
El profesional designado en cumplimiento de la Ley N.º 21.275 tiene una responsabilidad significativa dentro de la organización. Su rol principal es la gestión de los procesos de inclusión laboral, asegurando que las personas con discapacidad no solo sean contratadas, sino que también se integren de manera efectiva y equitativa en el entorno laboral.
Este experto debe poseer conocimientos teóricos sólidos en materia de discapacidad e inclusión laboral. Esto implica una comprensión profunda de las barreras que enfrentan las personas con discapacidad en el lugar de trabajo, así como de las mejores prácticas para eliminarlas. Además, su formación debe abarcar la experiencia en recursos humanos, particularmente en procesos de selección, para garantizar que la inclusión comience desde la etapa de contratación.
Un aspecto clave de la Ley N.º 21.275 es que todos los conocimientos y competencias de este profesional deben estar debidamente certificados por ChileValora, el organismo encargado de reconocer y certificar las competencias laborales en Chile. Esta certificación es esencial, ya que asegura que el profesional cumple con los estándares requeridos para llevar a cabo su función de manera efectiva.